Sí, hay que admitir que el título no es quizá el más elegante para un blog serio, pero el paciente lector de estas líneas ya sabe que serios del todo no somos ni lo es el mundo en que vivimos. La frase que encabeza este artículo proviene de una amiga abogada a la que le pregunté en 2008 por el órgano de gobierno de la judicatura, que se renovaba tras dos años de agrias disputas políticas. Y su respuesta fue lapidaria: «Lo del CGPJ ha sido siempre una puta vergüenza». Si no se lo cree pase y lea. Cuando acabe pensará que mi amiga se quedó corta.

Aquella historia se parecía un poco a la que estamos viviendo en estos momentos, con otros nombres que ahora parecen tan lejanos. Zapatero y Rajoy no se ponían de acuerdo y los socialistas insistían en que el CGPJ, en funciones desde hacía dos años, no podía continuar reflejando la mayoría conservadora de la época de Aznar. Finalmente, hubo fumata blanca y el Consejo General del Poder Judicial se renovó en 2008.

Tocaba hacerlo de nuevo en 2013. Gobernaba esta vez Mariano Rajoy con mayoría absoluta y entre sus promesas electorales llevaba bajo el brazo la despolitización de la Justicia, pero se olvidó de ella en cuanto llegó a la Moncloa. De hecho, hizo todo lo contrario: una reforma exprés para controlar el nombramiento de una parte de los vocales del CGPJ. Rajoy, en plena eclosión del caso Bárcenas, se temía que el PSOE se la devolviera y mantuviera el bloqueo otros dos años, esta vez con una mayoría progresista.

Una patada al tablero de juego

La situación que vivimos, por tanto, no es nueva, con la salvedad de que la patada voladora al tablero de juego que pretende dar el Gobierno de progreso PSOE-Podemos no se le ocurrió ni al egocéntrico de Gallardón, autor de la cacicada de 2013. Posiblemente, porque mandar definitivamente a paseo el contrapeso democrático que le corresponde a la Justicia no parece una idea muy de cuerdos.

El plan del Gobierno actual ha hecho saltar todas las alarmas, en España y en Europa. Y va más allá de todos los conflictos que han mantenido los dos partidos hasta ahora. Pretende rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar los vocales del CGPJ, vender la urgencia del invento como una defensa de la independencia judicial y echarle la culpa de todo a la oposición. Un plan solo al alcance de los mas cínicos. Y los más cínicos a este lado del Pecos son Pedro Sánchez, el de «la Fiscalía depende del Gobierno», y Pablo Iglesias, al que le empieza a venir pequeño todo eso del Estado de derecho. Los dos se hartaron de prometer independencia para el poder judicial en campaña electoral. Y a los dos se les ha olvidado también, como a Rajoy.

Y es que el problema del CGPJ, extensible al Tribunal Supremo, no es solo que corra el riesgo de politizarse aún más, sino de politizarse con un Congreso en que la mayoría parlamentaria que podría decidir da miedo, entre otras cosas porque buena parte de esa mayoría no cree en España ni en la Constitución, y piensa que las leyes actuales son poco menos que fascistas.

El origen de caos

Para buscar el origen de este desastre y entender por qué hablamos de la renovación de la judicatura como si fuera una cosa de los políticos y los jueces no pintaran nada, tenemos que irnos muy atrás, a 1985. Cinco años antes se había establecido por ley que doce vocales del CGPJ serían nombrados por los propios jueces y magistrados. Pero la mayoría absoluta del PSOE de Felipe González dijo que nones, que todos los vocales serían elegidos por el Congreso y el Senado. Y así es como la división de poderes en España empezó a desdibujarse.

El nuevo sistema lo avaló el Constitucional, que a veces uno se pregunta para qué sirve, aunque al menos tuvo el detalle de avisar del riesgo que se corría: que el CGPJ se acabara convirtiendo en un campo de batalla política, y por eso vio bien que, al menos, la mayoría necesaria para el acuerdo fuera de 3/5.

Intercambiando cromos

La cuestión es que el TC dio por buena una reforma que, se veía venir desde el primer día, ha hecho que toda renovación de la cúpula judicial sea un intercambio de cromos entre los partidos políticos. Tú pones a un juez, yo quito a este otro. Este me gusta, este ya lo tengo, este no lo quiero… Lo que ha convertido a España en una anormalidad europea y a nuestra Justicia en una institución siempre sospechosa de parcialidad. Porque en casi toda Europa impera un sistema mixto para elegir a los órganos de gobierno de la judicatura: la mitad de sus miembros los eligen los jueces y la otra mitad los parlamentos. Aquí no y de aquellos polvos, estos lodos. Con toga pero lodos.

Ningún gobierno, sea del color que sea, ha querido revertir esta situación cuando ha tenido la oportunidad. Y es que eso de poner a los jueces de tu cuerda siempre viene bien, dijera lo que dijera el tal Montesquieu.

CGPJ, es la guerra

Solo un breve relato de estos dos últimos años de desencuentros hacen que nos entren ganas de decir que a esos señores que votamos no los conocemos de nada. Las reuniones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo último mandato terminó en 2018, saltaron por los aires a las primeras de cambio cuando se filtró el mensaje de un senador del PP que reconocía más chulo que un ocho el pasteleo, diciendo que podrían controlar «por la puerta de atrás» la sala en la que se juzgaría a los políticos del 1-O. Como consecuencia, el candidato ya consensuado a presidir el CGPJ, Manuel Marchena, renunció y el PP acabó acusando a la entonces ministra de Justicia, la socialista Dolores Delgado de ser «la ministra más sucia políticamente». Pedro Sánchez, demostrando ese talante que le acerca a los grandes psicópatas de la Historia, la nombró poco después Fiscal General del Estado, poniendo otro clavo más en el ataúd de nuestra no independencia judicial.

Tras las últimas elecciones, después de que Sánchez asegurara que no dormiría tranquilo con Podemos en el poder, el vicepresidente Pablo Iglesias ha presionado para que la renovación del CGPJ se produzca lo más rápido posible. El empecinamiento del líder (es un decir) de la oposición en negarse a pactar durante dos años ha acelerado los acontecimientos deteriorando aún más la imagen de España en el exterior. Entre la nefasta gestión gubernamental de la pandemia y la crisis de la monarquía ya solo nos faltaba una renovación del CGPJ digna de una república bananera. Algunos ya empiezan a vernos como un «Estado fallido». Tenga usted siglos de historia para esto.

Proteger el CGPJ de la politización politizándolo aún más

Como si fuera la Roma decadente bajo los bárbaros, la culminación de tres dećadas de independencia judicial mis cojones corrió a cargo de los portavoces de PSOE y de Podemos, dos de los políticos más «capaces» de la democracia: Adriana Lastra y Pablo Echenique. Ellos presentaron al alimón la iniciativa que, de salir adelante, permitirá tener el CGPJ con menos consenso de la historia, lo que se justifica, según estas dos luminarias del progreso porque «protege al poder judicial» y «frena el secuestro del PP».

Curiosa forma de proteger a un poder del Estado haciendo que esté más politizado y sea aún más dependiente. Más curioso será cuando gobierne la derecha y esta haga uso de esta misma norma para poner a sus jueces. Entonces veremos a la izquierda clamar contra el fascismo totalitario de su propia ley.

Aunque esperemos que para entonces, suponiendo que Sánchez no lo politice a su imagen y semejanza, el Tribunal Constitucional haya hecho su trabajo. Y en esta ocasión lo haga bien, que ya van unas cuantas cagadas que nos están costando muy caras. Y no miro a ninguna Ley Integral de Violencia de Género.