Parecía que esta vez sí, que era el inicio del apocalipsis pero finalmente se ha quedado en el enésimo sainete que pasa a la velocidad del rayo hasta la siguiente polémica cataclísmica. Aun así, el cierre interruptus de Telegram es digno de figurar en nuestras analectas posmodernas. Y todo gracias a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de suspender Telegram, lo que nos situó de la noche a la mañana al nivel de otras grandes democracias como Irán, Corea del Norte, China o Pakistán. Al magistrado, que tanto defendió la libertad de expresión cuando archivó protestas a favor de ETA y el Rodea el Congreso, se ve que la de casi nueve millones de españoles le pareció un asunto menor ante los intereses de los principales grupos de comunicación audiovisual del país.

Lo cierto es que la medida no tenía futuro, aparte de que era evitable por la propia naturaleza de Telegram, preparado para esquivar fácilmente cualquier bloqueo o censura. El juez no ha tardado ni dos días en envainársela, recordando otros ridículos suyos como cuando se empeñó en juzgar a unos soldados estadounidenses por la muerte del cámara José Couso. Pedraz le había solicitado a las Islas Vírgenes, paraíso fiscal donde la empresa de mensajería tiene su matriz, que Telegram informara de los titulares de las cuentas que vulneran derechos de propiedad intelectual, en román paladino, los que piratean contenidos de Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus.

Las Islas Vírgenes colaboraron con el mismo entusiasmo de un podemita en una convención de Sumar y el juez decidió sacarse la chorra y adoptar una medida «necesaria, idónea y proporcional»: caparle Telegram a todo el país. Si eso le parece proporcional no queremos ni imaginar lo que considerará abusivo.

Las teles contra los piratas del fútbol

Para entender mejor esta desventura judicial hay que retroceder un poco en el tiempo. Hace unas semanas un juzgado de lo mercantil pareció dar luz verde a que se multara a los consumidores de fútbol pirata. Una noticia anunciada a bombo y platillo —«un paso de gigante contra la piratería»— que dieron los medios deportivos y todos los demás a coro siguiendo las consignas de la Liga de Fútbol Profesional (como hicieron en la campaña contra Rubiales por lo del pico a Jenni Hermoso). En realidad, esta información había que cogerla con pinzas, como demostró el propio TSJ de Cataluña que desinflaba el hype de Tebas y compañía a golpe de comunicado, dejando claro que el objetivo penal seguían siendo las páginas que se lucraban y no el señor que mira el fútbol en esas páginas.

Pero el objetivo se logró: confundir y asustar a aquellos que no pasan por caja, que cada día son más ante unos precios que consideran desproporcionados. La reclamación de las audiovisuales a la Audiencia Nacional iba en esa misma dirección. Tampoco es nada nuevo. El abuso del copyright es un arma censuradora desde hace años, como bien saben los expertos en propiedad intelectual como David Bravo.

Telegram chulea a la soberanía nacional

Pero lo mejor, como suele pasar, no es la medida en sí, ya bastante surrealista, sino las diferentes hiperventilaciones que ha provocado. En un bando están aquellos que se arrogan la defensa del Estado de derecho y las leyes de un país democrático frente al poder de una empresa extranjera que, dicen, chulea a España y se niega a responder a nuestra Justicia.

Así se ha expresado, por ejemplo, el empresario Marcial Cuquerella que no entra a valorar la desproporcionalidad o no de la orden judicial. Solo le importa que una empresa foránea responda «a la soberanía nacional». Es de suponer que cuando Rusia exigió conocer el nombre de los desafectos al régimen de Putin y Telegram se negó le parecería también una resistencia a la soberanía nacional rusa. A Cuquerella le han caído más palos de los que recibió de sus trabajadores de 7NN cuando cerró la cadena.

Una plataforma dudosa, infame y opaca

«No imaginaba —ha dicho la juez y escritora Natalia Velilla— que un medio de comunicación por chat en manos de procedencia dudosa convertiría a ciudadanos que se dicen respetuosos con el Estado de derecho en antisistema. Duele más que cierren tu cuenta de Telegram que la desobediencia judicial». El policía y divulgador Enrique Casas Herrer va aún más lejos en esta línea de ser más papista que el Papa y tilda a Telegram de plataforma infame y opaca que se dedica fundamentalmente «a pornografía infantil, terrorismo, fraude y pirateo».

Ni que decir tiene que las opiniones de Velilla y Casas Herrer no son precisamente las más populares en Twitter. El motivo es muy sencillo. No es que la gente se haya vuelto antisistema o que sea una chusma terrorista, pedófila y estafadora. Lo que sucede es que valoran su libertad de expresión y aunque se invoquen las leyes —unas leyes que no pocas veces perjudican más que benefician— se identifica más con la opaca e infame empresa extranjera que con el patriotismo de un juez que castiga a millones de usuarios inocentes por defender a unas multinacionales de la comunicación de las que una buena parte de los ciudadanos no se fía ya un pelo.

El asunto no va con el PSOE ni con el PP

En el otro bando, mucho más mayoritario, están los que se han quejado por el cierre de Telegram. Los hemos visto claramente en los dos extremos políticos (Podemos y Vox) con clamorosos silencios de grupos como PSOE, Sumar o PP que han hecho la vista gorda como si este asunto no fuera con ellos. Con Sánchez y Feijóo pensando en las elecciones catalanas y en sus cuitas de corrupción, les van a venir a ellos con naderías como el bloqueo en España de la cuarta aplicación de mensajería más usada del planeta.

Este detalle, por cierto, nos debería hacer pensar en lo poco que ciertos partidos quieren molestar a los grandes grupos audiovisuales —los denunciantes que provocaron el auto del juez—, que son a fin de cuentas sus mejores valedores para afianzar el establishment y propagar el relato que a ellos les conviene.

Iluminados con motivos

Todos los que han protestado, a izquierda y derecha, han coincidido en que se trataba de un ataque a la libertad de expresión. Hasta cierto punto tenía sentido: ya es casualidad que el primer servicio de mensajería que un juez ordena cerrar en España fuera uno de los más seguros y que más garantías ofrece a la privacidad. Ni hecho adrede. Lo que sucede es que entre esa legión de entusiastas de la libertad de expresión nos encontramos con iluminados que abrazan cualquier dato que parezca confirmar sus sospechas de que poderes fácticos conspiran proyectando las sombras de la dictadura, el control social y un gran reseteo que se fragua a fuego lento para que las ranas —nosotros— no saltemos de la olla hirviendo.

Cierto es que motivos no faltan para rayarse. Una pandemia con confinamiento del gobierno declarado inconstitucional y el pasaporte COVID, la identidad digital europea a punto de caramelo con China y Australia remando en la misma dirección controladora, las monedas digitales de banco central que vigilarán nuestras transacciones económicas, los escaneos biométricos en escuelas yanquis y las prometidas medidas de identificación para páginas pornográficas que le pueden dar al Estado todos los detalles de las preferencias onanistas de los españoles. El Gran Hermano era una nenaza al lado de lo que se nos viene encima con una agenda globalista que avanza haciendo el paso de la oca. Pero una cosa es rayarse y otra montarse la película del año.

Pedraz contra Alvise

La suspensión del juez Pedraz, un magistrado con fama de ser afín al PSOE, pronto se convirtió en otro eslabón de la cadena autoritaria de Pedro Sánchez para acabar con la libertad de expresión y una muestra del miedo de las élites a la libertad. Los seguidores del analista y periodista (algunos le ponen el pseudo delante) Alvise Pérez tenían claro que la medida buscaba desactivar a su ídolo que, según ellos, está demoliendo el sistema corrupto político español con sus exclusivas en Telegram y que podría convertirse en el Milei español si inicia su andadura política presentándose a las próximas elecciones europeas. A nosotros no nos mire, eso es lo que dicen sus acólitos.

Una de las informaciones de Alvise contra jueces y fiscales presuntamente corruptos, siempre según él porque encontrar fuentes claras y fiables entre las cientos de horas de audios sin editar e informes sin contrastar en su canal de Telegram requiere dos vidas a tiempo completo, afectaría al propio Pedraz que, en 2016, liberó a un ex presidente del PRI acusado de varios delitos tras haber, supuestamente, recibido pagos de él. Lo de presuntamente y supuestamente es una precisión nuestra. Alvise lo suele dar por hecho.

O sea, que Pedraz cerraba Telegram para acallar a Alvise Pérez. Él mismo lo insinuó en el podcast La reunión secreta. No solo era una medida para silenciar a millones de usuarios bien informados sino que, además, iba expresamente contra su canal de 384.000 suscriptores. En fin, por citar al propio Alvise: «Generar teorías es gratis». Que se lo digan al chaval al que acusó falsamente de ser el detenido por el asesinato de los guardias civiles de Barbate.

Aquí paz y después Telegram

Finalmente, el maremoto volvió a su cauce y Pedraz dio marcha atrás con su melena al viento al ver que había metido la pata hasta el corvejón: «es excesivo y desproporcionado» —dijo en un nuevo auto— y supondría «un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)».

Para los alvisianos el juez retrocedía ante la denuncia por prevaricación que Alvise estaba preparando. Para los optimistas del bando de las confabulaciones ha sido un triunfo ya que los censores se habían asustado al ver la marea viral que se había formado defendiendo la libertad de expresión. Algunos más pesimistas, en cambio, lo han visto como un primer experimento para ver cómo reaccionábamos. Otros adictos a los chutes de dopamina vía teorías conspirativas, en fin, más prácticos, pasan página y ya buscan el próximo contubernio en el choque de un barco contra un puente en Baltimore. Se ve que no tienen suficiente madera con el, léase con voz intrigante a lo Iker Jiménez, vídeo hecho por inteligencia artificial de Kate Middleton o el ataque terrorista de falsa bandera en Moscú.

Y es que no hay nada como un juez divo y sobreactuado con poca idea sobre Telegram para liarla parda en nuestro alborotado gallinero. Si la navaja de Ockham levantara la cabeza no dejaría un cuello sano.