La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, LIVG para los amigos y los enemigos, se aprobó en el Congreso de los Diputados el día de los inocentes de 2004. Por unanimidad y en medio de un estruendoso aplauso. Una ley del gobierno socialista de entonces que no ha servido para acabar con la violencia doméstica contra la que se levantaba, ha creado una enorme crispación en la sociedad y ha sido instrumentalizada por mujeres con pocos escrúpulos en los procesos de divorcio, en un porcentaje falseado por las instancias oficiales que mienten asegurando que el número de denuncias falsas es ínfimo, escondiendo el hecho de que solo cuentan las pocas de las que se deduce testimonio.

Mientras el feminismo exige más perspectiva de género en la justicia para colonizarla como ha hecho con las instituciones políticas y la mayoría de los medios de comunicación, lo cierto es que la aplicación de la ley suele ser un desastre y cada vez que conocemos en profundidad un caso —como el que sigue a continuación — queda claro que lo mejor que se podría hacer con esta «arma poderosa contra el machismo» (Zapatero dixit) es demolerla desde sus muy feministas cimientos y comenzar desde cero. Porque por culpa de la rigurosa aplicación de esa ley hoy una niña de seis años está muerta.

«Antes de entregársela al padre, la mato»

El caso de Eugenio y Noemí no era muy diferente al de miles de parejas en España. Ruptura difícil y pelea por la custodia de los hijos, en este caso una niña de seis años. Tras un lustro de agrias disputas en los tribunales, Noemí ya se lo había advertido a su hermano: «Antes de entregársela a su padre, la mato». Y eso hizo cuando el juez le retiró, finalmente, la guarda y custodia. Envenenó con una sobredosis de ansiolíticos a la pequeña Olivia y después se intentó suicidar con otro cóctel de pastillas.

Si el asesino hubiera sido el padre nos habrían hablado de violencia vicaria hasta en la sopa, pero como la asesina era una mujer el feminismo miró hacia otro lado. Y más cuando se supo que el padre había recibido 28 denuncias de las que salió absuelto —ninguna, por supuesto, consta en el cómputo de las denuncias falsas porque ningún juez las investigó— y que llevaba un calvario judicial por la custodia desde que pidió el divorcio.

No politizar el dolor de las víctimas… cuando conviene

¿Mostró tal vez el feminismo algo de autocrítica ante este caso? Imagine la respuesta. La ministra de Igualdad, Irene Montero, experta en usar políticamente el dolor con cada asesinato de mujer tuiteando a la celeridad del rayo, tardó tres días en opinar para pedir, en esta ocasión, no politizar el dolor de las víctimas. Su compañera de partido, la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, reclamó que no se usara esta muerte como arma política: «Es repugnante utilizar esa muerte contra el Gobierno», aseguró en un tuit la misma que carga contra la oposición de derechas cuando asesinan a alguna mujer. Otras ilustres feministas conocidas en los submundos de Twitter por sus empoderantes idas de olla, como la misándrica de Anna Prats, fueron aún más lejos, a punto de superar las madres protectoras de Irene Montero con una nueva categoría, las madres asesinas protectoras:

Las (pocas) mujeres que matan y se intentan matar lo hacen por estar sufriendo violencia machista, institucional… Cuando hay una sentencia que te obliga a entregar a tus criaturas con su padre maltratador, por ejemplo.

Suicidio ampliado

Mientras que los hombres asesinan a las mujeres únicamente por machismo y por el hecho de ser mujeres (definición canónica de la violencia de género) y sin ninguna consideración más a tener en cuenta, la muerte de Olivia era enfocada con numerosos matices y eufemismos a cual más surrealista: era un caso aislado y no «un patrón que se repite sistemáticamente» como pasa con la violencia de los hombres (Luz Sánchez-Mellado, columnista de El País), o se trataba de un «suicidio ampliado» y de un «homicidio por compasión» (Espejo Público, programa de televisión que ven más de 300.000 espectadores cada mañana), o resultaba que «el sistema le había fallado a Olivia» (Carme Chaparro, presentadora del programa Mujeres al poder que ya se puede imaginar de qué va). No hay nada como que sea una asesina para que las gafas moradas espolvoreen un poco de azúcar glas sobre un crimen.

El padre de Olivia expresó su dolor, pero no de la forma deconstruida que demanda el feminismo, al decir que «esto no va de hombres ni de mujeres». El experto en vivir de esto Miguel Lorente le puso en su sitio: «Sí va de hombres y de mujeres», le contestó desde El País. «Si queremos —dijo— ser eficaces en la prevención de los homicidios que cometen los padres tenemos que trabajar la violencia de género en la que se producen. Y si queremos ser eficaces en los homicidios que cometen las madres tenemos que trabajar en los factores que originan las alteraciones psíquicas».

Vamos, que los hombres mataban por violencia de género y las mujeres por alteraciones psíquicas. La situación «es miserable» concluía Lorente. La situación que han creado él y todos los vividores del negocio de género desde luego que lo es.

El TSJCyL intenta salvar los muebles

Pocos días después, esas mismas imaginativas feministas que capeaban el temporal echándole más morro que espalda pasaron al ataque. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, órgano responsable del desastre jurídico que culminó con la muerte de Olivia, se intentó justificar publicando un comunicado donde explicaba que la madre asesina tenía la custodia porque el padre había sido condenado a nueve meses de prisión por violencia de género. El feminismo vio la luz: quedaba comprobado que el padre era un maltratador. Que le den a las otras 28 denuncias falsas. Y de paso que le den también a la confidencialidad de las actuaciones judiciales.

Para algunos medios como La Vanguardia, aquello era «un vuelco» en la historia. La propia Delegada del Gobierno para la Violencia de Género se hacía eco en su cuenta de Twitter de esa noticia. El mensaje que se trasladaba a la opinión pública desde los medios era bastante siniestro: la condena por violencia de género del padre eclipsaba el asesinato de la niña, que casi quedaba en segundo plano. Sesgo de confirmación con perspectiva de género. Ojo que el padre estaba condenado por violencia de género, normal que la madre estuviera desesperada al perder la custodia. Y una víctima de violencia desesperada es capaz de todo…

No es de extrañar que ante tal enfoque informativo, algunas taradas en las redes sociales incluso consideraran al padre poco menos que un psicópata y reaccionaran así ante sus fotos:

¿Cómo se explica que asesinen a tu hija y estés así? ¿Soy la única que le ve una sonrisa en la cara? Él, que está encantado de hablar con los medios y mostrar sus fotos con la niña, se olvidó de contar que maltrató a su ex mujer. ¿Sonríe porque ella está en la cárcel?

Condenado por la palabra de la mujer

¿Pero hasta qué punto la condena demostraba que el padre había sido un maltratador? Lo cierto es que fue condenado por un hecho puntual durante una riña con su por aquel entonces mujer. Según la sentencia, cometió las lesiones «agarrándola del brazo izquierdo, zarandeándola y golpeándola en el mismo brazo y en la espalda». Lo dijo ella y el juez la creyó. Privilegios de la LIVG: la palabra de la mujer puede valer como única prueba de cargo.

La declaración de Noemí bastó para condenar a su ex pareja a nueve meses de cárcel porque, según el tribunal, ella no tenía motivos para mentir (la custodia de la niña y el rencor hacia el hombre que le había pedido el divorcio se ve que no eran suficientes motivos), le pareció creíble porque había un parte de lesiones (aunque el parte no especificaba cómo se produjeron esas lesiones) y no vio contradicciones aparentes en la explicación (las otras acusaciones que hizo las vieron llenas de sinsentidos, pero esa la dieron por válida porque no se contradijo). La sentencia menciona, muy floridamente, que en ese episodio Eugenio dio «rienda suelta a un impulso machista» y avasalló a su ex pareja «con el fin de demostrarle su égida de dominación».

Absuelto de maltrato habitual

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se refiere a esta condena en su comunicado pero, curiosamente, no menciona las tres absoluciones de ese mismo juicio, entre ellas, la de maltrato habitual, que la misma sentencia que sí creyó a la mujer en la otra acusación, desmonta en unas líneas:

La prueba de cargo tiene fisuras y el testimonio de la perjudicada presenta contradicciones, lagunas, es parcial. Cuenta a los profesionales una serie de informaciones sesgadas» (…) Resulta muy difícil construir un relato acusatorio uniforme y contundente de violencia habitual, cuando la propia acusada presenta serias fisuras en su línea de testimonio, pues falta a la verdad u omite datos que entiende que la desfavorecen.

Si usted se pregunta cómo alguien que presenta fisuras y contradicciones en su testimonio, es parcial y falta a la verdad puede, en cambio, ser fiable explicando un episodio de violencia física, ya somos dos. Por cierto, la empleada del hogar declaró que él se arrugaba frente al carácter de ella que era «la voz cantante en la casa». Vaya manera más extraña de demostrar la égida de dominación. Y ya que un maltratador se quiera divorciar en vez de continuar maltratando y dominando a su mujer lo dejamos para las sesudas mentes expertas en los entresijos del Patriarcado.

En cualquier caso, lo que está claro es que la justicia no consideró esta condena como un impedimento para otorgarle finalmente la custodia a Eugenio, más teniendo en cuenta que su madre se la había llevado a otra ciudad sin permiso de nadie, incluido el juez, «escapando de su verdugo» según las feministas de Twitter, y eso podía producir desarraigo en la pequeña y primaba el bien superior del menor. Pero, como ya sabemos, Eugenio nunca pudo llegar a reunirse con su hija.

La vida sigue igual

Aún coleaba esta tragedia cuando un hombre de 80 años enfermo de Alzheimer apuñaló hasta morir a su esposa en Málaga. Las que no querían politizar el dolor ahora no dudaron en hacerlo: «Se investiga como asesinato machista el de una mujer de 69 años en Málaga. La unidad de todas las instituciones y de toda la sociedad es absolutamente necesaria para hacer frente a la violencia de género», tuiteó —esta vez sí— rápidamente Irene Montero. No hay que tenérselo en cuenta. Ella habló de no politizar el dolor de las víctimas, pero de politizar el Alzheimer no dijo nada.

Damos un salto a 2013. Soledad Murillo de la Vega, secretaria de Políticas de Igualdad en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una de las grandes artífices de la LIVG y futura secretaria de Estado de Igualdad, declaró entonces: «Cuando hicimos esta ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas». No sabemos si la LIVG ha salvado muchas vidas, pero la de Olivia seguro que no.