Pulseras Igualdad AliExpress

En 2009, la entonces joven lucha contra la violencia de género, ese concepto ideológico contra el que no se admite discrepancia (a eso lo llaman consenso), implantó el sistema Cometa, un método de localización GPS que alertaba a las mujeres si sus maltratadores se acercaban a menos de 500 metros. Desde 2009 hasta 2023, el sistema —móviles con alertas para las mujeres y tobilleras para los hombres— funcionó sin problemas pero a partir de esa fecha se empezaron a reportar fallos, de los cuales nos hemos enterado de rebote dos años después.

La Fiscalía deja con el culo al aire a Igualdad

La alerta la dio OK diario y la propia Fiscalía en su memoria anual, que mencionó un fallo informático que provocó que durante meses se perdieran los datos de localización de las pulseras antimaltrato, por lo que los juzgados tuvieron que absolver a los agresores o archivar las causas al no contar con información de sus movimientos. La noticia pilló a todos por sorpresa, empezando por el Fiscal General del Estado que bastante tiene con filtrar correos del novio de Ayuso como para pedirle que se lea su memoria anual. Y no digamos el Ministerio de Igualdad, que a falta de poder echarle la culpa a los bulos de la fachosfera —con OK Diario lo habrían hecho sin problema pero era algo más complicado llamar fachosfera a la Fiscalía— no le quedó más remedio que reconocer que sí, que había habido fallos.

Saliendo al paso como pudo, la ministra Redondo los achacó a «problemas puntuales» que, en «la mayoría de los casos», se resolvieron favorablemente. Aunque la Fiscalía hablaba de que el incidente había afectado a muchas mujeres, la ministra dudó de que fueran tantas. Es más, las limitó al 1%, sin más fuente que la Fontana di Trevi. Fiscalía echó un capote a Igualdad matizando su propia memoria en lo que empezaba a tomar forma de circo de tres pistas. Supimos que la cosa era grave cuando, en RTVE, impasible el ademán, se defendió la versión oficial del gobierno. Los dispositivos «no han fallado en ningún momento», aseguró Javier Ruiz en Mañaneros calculando ese 1% que había salido de la mente mágica del ministerio: 45 mujeres afectadas (el 1% de las 4.500 que llevan el dispositivo). Todo en regla y vamos a lo importante: atacar a Ayuso y a Mazón.

Nada que ver, circulen

Mientras PP y Vox explotaban con el caso de la pulseras antimaltrato («irresponsabilidad criminal»), la tranquilidad era la tónica entre los grupos de la izquierda. La muy feminista vicepresidenta Yolanda Díaz pidió solo «una pequeña investigación». Y la antecesora de Ana Redondo en Igualdad, Irene Montero, tan beligerante ella cuando se trata de defender a las mujeres de las muy variopintas violencias machistas, tampoco se mostró especialmente inquieta. Montero incluso le echó la culpa a la derecha por quejarse: «¿Por qué hay sectores de la derecha política, mediática y judicial insistentemente cuestionando las políticas públicas feministas que salvan vidas, como este sistema de pulseras?».

Un sistema que había dejado desprotegidas a un número indeterminado de mujeres durante casi un año sin que nadie las avisara y el feminismo institucional, que suele poner el grito en el cielo cuando le ponen la cerveza al hombre y la Fanta a la mujer, echando balones fuera y quitándole hierro al asunto. Algo olía a chamusquina morada en todo esto.

Una licitación de urgencia bajo sospecha

La realidad era que ni a los de Podemos ni a los del PSOE les interesaba airear lo de las pulseras antimaltrato. Unos por liarla parda, otros por callarse como puertas. En 2023, poco antes de que fuera destituida, Irene Montero ordenó una licitación de urgencia de 43 millones de euros para sustituir a la empresa que llevaba realizando este servicio sin problemas desde 2009. Según el Ministerio, existía «una necesidad inaplazable y urgente de iniciar un nuevo procedimiento».

En opinión de El Confidencial, esto sucedió en plena crisis por las inesperadas excarcelaciones de agresores sexuales por la Ley del solo sí es sí, pero también había otro factor a tener en cuenta: Israel. O, como lo suele llamar floridamente la izquierda, el Estado genocida o el Ente sionista. Resulta que la empresa que fabricaba las pulseras, subcontratada por la concesionaria del servicio, Telefónica-Securitas Direct, era Attenti Electronic Monitoring, una firma con sede en TelAviv, considerada líder mundial en monitoreo electrónico para prisiones, libertad condicional y protección contra violencia doméstica.

¿Pulseras del Estado genocida? Hasta ahí podíamos llegar

Nos podemos imaginar al propalestino hasta la médula Ministerio de Igualdad de Podemos subiéndose por las paredes sabiendo que su ministerio daba millones de euros a una empresa judía que, en su calenturienta imaginación, se gastarían en bombardear hospitales con niños palestinos. OK Diario se hizo eco de unas supuestas declaraciones de alguien cercano a las negociaciones. Según esta persona, la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, aseguró que no querían seguir con la empresa de origen israelí porque «les jodía mucho el tema de Gaza».

No existe ninguna prueba directa de tales declaraciones ni, por supuesto, Rosell las ha confirmado por la cuenta que le trae reconocer que alentó un cambio de dispositivos que ha dejado desprotegidas a las mujeres por puro odio a Israel. Tampoco lo reconocerán nunca Irene Montero, responsable en última instancia de la licitación, ni Ángela Rodríguez Pam, que la aprobó como secretaria de Estado de Igualdad.

El misterio del proveedor chino

El contrato de las pulseras antimaltrato cayó en manos de Vodafone-Securitas, un 32% más barato y casi duplicando el número de dispositivos. Un chollo. En vez de Attenti había otra empresa encargada de hacer las pulseras de las que sabemos poco. El gobierno ha señalado que provienen de la empresa especializada Oysta Spain. El problema es que, si miramos su página web, su especialización es la teleasistencia para personas vulnerables y ancianos.

¿Y de dónde ha sacado Oysta Spain unas pulseras que no parecen encajar con su público objetivo de yayos dependientes? Una mención genérica, sin más detalles en su web, a que también trabajan en el offender monitoring (vigilancia de delincuentes) hace sospechar que pudieron adquirir estándares chinos low cost adaptados en vez de las joyas anti radial de Attenti.

«Nosotros comprobamos que se habían comprado en AliExpress. Lo comprobé yo misma». Las palabras no provienen de una terraplanista conspiranoica sino de la ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, que, como mucha otra gente, encontró en la famosa página de gangas baratas unas pulseras sospechosamente parecidas a las de Oysta Spain, lo que tampoco nos extrañaría nada del ministerio que lanzó una campaña publicitaria a bombo y platillo robando fotos de modelos pasándolas por el Photoshop.

Más fallos que una escopeta de feria

Carmona ha sido una de las primeras en denunciar que llevan desde 2024 quejándose al Ministerio de Igualdad —ahora en manos socialistas— por la licitación que hizo Irene Montero. Según la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fallos de las pulseras antimaltrato se han repetido desde entonces y han tenido un impacto directo en numerosas víctimas, pero no solo por la chapucera migración de datos de Telefónica a Vodafone, sino porque las pulseras low cost, sobre todo al principio, fallaban más que una escopeta de feria.

La Guardia Civil de Granada alertó en febrero de 2025 de que los agresores se quitaban fácilmente las pulseras y se las ponían a perros para burlar el sistema de vigilancia. La SER (¡la SER!) accedió a unas actas de la Comisión contra la Violencia de Género de Granada que parecían un chiste con víctimas que devolvían las pulseras tras ver cómo sus agresores se acercaban una y otra vez sin que pitasen. «Me hicieron sentir que estaba loca cuando decía que mi maltratador se la había quitado y me decían que era imposible», se quejó una mujer en ABC.

A veces era al revés: las pulseras pitaban como si no hubiera un mañana con el agresor en la otra punta de la ciudad o incluso estando en una comisaría de policía, a lo que también contribuía el hecho de que el pitido de fin de batería era igual a la alerta por proximidad, por lo que la pobre víctima no sabía si cambiar la pila o salir corriendo. Si todo esto pasa con un gobierno del PP las calles se habrían llenado de feministas gritando «¡Nos quieren muertas!». Pero, como dice el meme, al menos no gobierna la derecha.

La reacción de la ministra… dos semanas después

Así que de nada de todo esto el gobierno progresista que más presume de defender a las mujeres ha dicho ni mu hasta que le han pillado. Tampoco rechistaron en su momento las asociaciones feministas a las que les llegaban las quejas, lo cual dice mucho de esta gente que tanto se llena la boca con el feminismo. Después de dos semanas, la ministra compareció en el Congreso. Pidió perdón a las víctimas, anunció «una investigación exhaustiva» y llamó «bulo inaceptable» a que las pulseras fueran de AliExpress. Que igual las compraron en Amazon.

Redondo pasó de afirmar que «ninguna mujer ha estado desprotegida» a decir que «ninguna mujer ha sido asesinada», que no es lo mismo, claro. Lo hizo tras conocerse el caso de una mujer asesinada en Mallorca a la que no le saltó la alarma de la pulsera. El PP y Vox han usado este caso como ejemplo trágico de la desastrosa gestión del gobierno mientras que los socialistas acusan a la oposición de mentir vilmente ya que la pulsera no pitó porque funcionara mal sino porque la mujer se la había quitado para poder reunirse con su maltratador con funestas consecuencias.

La policía y la directora del Instituto Balear de la Mujer han confirmado esta versión aunque, sin querer, esta última ha sembrado dudas de que el dispositivo funcionara correctamente ya que ha afirmado que este no se activaba cuando el agresor se acercaba al colegio a ver a su hija. En descargo del PP y de Vox, hay que decir que se basaron en una primera noticia incompleta de La Sexta que no fue actualizada ni corregida, seguramente por culpa de los duendes de la fachosfera.

Una nueva licitación. Esta es la buena

Al ministerio que tanto vela por las mujeres menos de vez en cuando le ha acabado salvando la campana. El contrato con Vodafone-Securitas y la misteriosa tecnológica acaba en 2026 y la ministra ya ha anunciado una nueva licitación para las pulseras antimaltrato que, por supuesto, corregirá todos los errores habidos y por haber. Ver a Javier Ruiz anunciando la noticia «después de que Igualdad haya reconocido fallos» unos días después de afirmar que no había ningún problema ha sido maravilloso.

Quién sabe si igual el sistema Cometa acaba de nuevo en manos de Attenti, que también lleva el control telemático de cuatro mil presos vascos desde 2021 sin que nadie haya puesto demasiado el grito en el cielo. Al menos hasta hace unos días cuando Sumar —Bildu no, detalle curioso— protestó y pidió romper relaciones con la empresa israelí aprovechando el jaleo de la Vuelta Ciclista a España, que ha reverdecido el antisemitismo de la izquierda como no se veía desde los tiempos del contubernio judeomasónico. Visto el grado de fanatismo de algunos de estos activistas, a estos sí que habría que ponerles también una pulsera. Y que pitara con la melodía de Hatikva cuando se acercaran a menos de 500 metros de un judío.

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4 comentarios

  1. Yo no quiero decir nada pero ese Ministerio va de chapuza en chapuza. A lo mejor deberían de quitarlo y usar sus muchísimos millones de presupuesto en cosas que sí protegieran en condiciones a las mujeres que lo necesiten en vez de en pintar cosas de morado y pagar campañas que no sirven para nada. Es todo propaganda pura para un Ministerio inútil.

    1. Tiene usted razón, Valentín. Qué insensible y egoísta soy, preocupándome por los problemas del país, incluso por los míos propios. Nada, nada, lo enmendaré sumándome a la huelga general de UGT y CCOO convocada por Gaza. Free, free, Palestine!

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