La madre de todas las batallas por el relato podría estar a punto de comenzar en un juzgado de Madrid. En un lado, los que entienden que la gestión del gobierno ante el COVID-19 fue nefasta debido a que la celebración del 8M retrasó las medidas preventivas. En el otro lado, quienes no suspendieron el 8M, según ellos, porque hasta ese mismo día por la noche la situación no era preocupante. Estos últimos, que parten con la condición de favoritos (por algo son el poder del Estado) están dispuestos a defender su narrativa con todo lo que haga falta. La consigna es clara: salvar el 8M y desacreditar el ‘Informe Cobos’ y evitar a toda costa un juicio que no les haría ninguna gracia.

Cuando el 25 de marzo una jueza abrió diligencias contra el delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la del 8M, el Gobierno vio los nubarrones negros en lontananza pero la tormenta aún estaba lejos. Los pedruscos de granizo le cayeron encima el día en que la Guardia Civil, a la que la jueza había pedido que investigara si el dele­gado del Gobierno era conocedor de las advertencias sanitarias, presentó un informe demoledor cuyas 80 páginas se pueden resumir en que sí, que el delegado del Gobierno lo sabía, lo permitió y además presionó directa o indirectamente para que se desconvocaran otros actos previstos para esos días. Pero no el 8M.

Marlaska, a lo Berlanga

Todo lo que ha sucedido desde entonces forma parte del esperpento nacional: el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere conocer el informe del 8M y se lo pide a través de varios subalternos al coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que se niega a entregarlo alegando que solo lo debe ver la jueza; Marlaska lo cesa por “pérdida de confianza”; al día siguiente cambia de versión y dice que lo ha destituido por “renovación de los cargos de confianza” y anuncia una subida salarial en el Instituto Armado para apaciguar el maremoto que ha desatado en la Benemérita. Ni Berlanga.

En paralelo, el Gobierno activa su artillería mediática y aparecen el mismo día artículos de los medios más afines -también llamados “medios independientes”- criticando este informe sobre el 8M por los mismos motivos, que ya es casualidad. Básicamente, se lo cuestiona por utilizar informaciones de medios contrarios al gobierno, distorsionar con bulos y errores o, en un arrebato de licencia periodística, lo llaman directamente chapuza.

Los bulos sobre el Informe Cobos

Curiosamente, algunas de las críticas son bulos en sí mismos, como demostró el tuitero Bou en un hilo digno de leerse en el que fueron desfilando uno tras otro el director de eldiario.es, su redactor jefe e incluso la CGT.

En el colmo del surrealismo, la Abogacía del Estado ha tomado cartas en el asunto y ha interpuesto un recurso de apelación contra el proceso, al que considera una causa general contra el Gobierno. Y encima se queja de que la jueza va con “celeridad inusitada”. ¿Qué es eso de no tomarse las cosas con calma? Habrase visto. Esto es España, donde la Justicia va despacito y la Abogacía del Estado se pone de rodillas si se lo pide el Gobierno.

El Opus Dei contra el 8M

El penúltimo capítulo de esta dantesca historia lo ha escrito otro medio de comunicación, dando pábulo a una supuesta conspiración en la que estaría implicado el propio Pérez de los Cobos, que, aparte de ordenar un informe afín al patriarcado, seguiría siendo el poder real en la sombra de la Secretaría de Estado de Seguridad al servicio del Opus Dei. Todo esto publicado sin una sola fuente identificable, citando entrecomillados anónimos que, nos hemos de fiar, son “fuentes conocedoras”. Que igual podría ser el portero. O un señor que pasaba por allí. O el redactor en un arrebato de podemita imaginación.

Tamaño esperpento que no ha hecho más que comenzar tiene una razón de ser: condenar por prevaricación al delegado del Gobierno de Madrid por permitir el 8M sería un mazazo para la ideología de género y podría abrir la puerta a nuevas denuncias contra un gobierno de progreso que pasaría a los anales por causar indirectamente miles de muertes al no renunciar a una manifestación feminista. Ni en sus peores pesadillas patriarcales la más loca de las feminazis se puede imaginar algo así.

Un gobierno al borde un ataque de nervios

El empecinamiento del Gobierno en negar una y otra vez la más mínima relación entre la manifestación y el contagio de la pandemia resulta de lo más llamativo. Y más cuando se avisa continuamente del peligro de contagio que se puede producir por la reunión de unas pocas personas y ni siquiera se admite que pudo haber sido un error mantener y animar a ir a una manifestación de 120.000… a la que estaban previstas más de 500.000. Dicen que con la información que tenían no se podía saber. La jueza deberá decidir si eso es cierto o no.

Por eso, la denuncia del Juzgado de Instrucción 51 podría ser el campo de batalla de un nuevo capítulo de la lucha por el relato. El Gobierno feminista PSOE-Podemos tiene 30.000 motivos para estar nervioso, uno por cada fallecido por COVID-19, y si de ellos dependiera se llevarían el informe del 8M y esta causa judicial bien lejos, a otro lugar con el número 51, esa área ignota del desierto de Nevada donde se ocultan los secretos más inconfesables.

Actualización. El 12 de junio la jueza archivó provisionalmente la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid al no apreciar suficientes indicios de delito. Misión cumplida.