La desastrosa gestión de la DANA ha dejado a Carlos Mazón convertido en un zombi que deambulará por la terreta hasta que Génova se decida a darle el tiro de gracia. A ello han contribuido seis manifestaciones orquestadas por la izquierda, el acoso de la prensa sincronizada, una juez de la que el PSOE no tiene quejas de lawfare y la propia inutilidad de Mazón Nodoyuna. La eterna capacidad de la izquierda de pescar en los ríos revueltos de la desgracia y el sufrimiento —el «debemos politizar el dolor» de Pablo Iglesias— ha vuelto a demostrar por qué en esto de ser unos buitres carroñeros no les gana nadie, y les ha animado para volver a la carga contra su auténtica bestia negra: Isabel Díaz Ayuso.

Viendo al presidente valenciano tocado y casi hundido, las fuerzas progresistas se han venido arriba y han decidido ir a por la mujer que gobierna la Comunidad de Madrid desde 2019 y contra la que llevan años yendo a machete: han ido a por ella, a por su hermano, a por su pareja —con la complicidad del Fiscal General del Gobierno— y no le han perdonado ni que hiciera retuit a un chiste.

Pero de todas las acusaciones que la izquierda le dedica a Ayuso día sí día también hay una especialmente sangrante: hacerla responsable de casi ocho mil muertos (los famosos 7291) en las residencias de ancianos durante la primera ola del Covid, que se dice pronto. Más Madrid hasta le puso dos lonas gigantes para recordárselo, en una de esas acciones que suelen dar más vergüenza ajena que votos.

Asesinatos en las residencias

Con motivo del quinto año de la pandemia y la llegada de un nuevo candidato socialista tras el fuego amigo que barrió a Juan Lobato, la campaña ha llegado casi al linchamiento. Reyes Maroto, portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, ha hablado directamente de asesinatos, y el siempre ocurrente Óscar Puente ha acuñado una nueva palabra: «gerontocausto» que será incorporada al diccionario en cuanto Sánchez controle la RAE, algo que, viendo el ritmo que lleva tomando instituciones, puede pasar en cualquier momento.

Lo fascinante es que el PSOE ha conseguido que el quinto aniversario del Covid se haya centrado en criminalizar la gestión de la presidenta de Madrid, una región pionera en tomar medidas cuando el gobierno no pensaba hacer nada contra una gripe con las marchas del 8M ya preparadas porque, en una frase que quedará para la inmortalidad, «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Una región que, como la gran mayoría, se desvivía por encontrar material sanitario mientras los portavoces estatales descartaban el uso de mascarillas solo porque no las tenían. Una comunidad autónoma que quiso favorecer la libertad de movimientos mientras el gobierno imponía un confinamiento y tres estados de alarma declarados inconstitucionales a partir de las decisiones de un comité de expertos que ahora sabemos que ni siquiera existía. Pero qué mala es Ayuso.

Un drama muy real

Para ver en justa perspectiva lo que hay detrás de esa acusación y del número 7291 hay que ponerse los ojos de marzo y abril de 2020. Un país desbordado por una pandemia inesperada que mostró las costuras del sistema sanitario. Los hospitales estaban colapsados y había cientos de muertes diarias. Algunas comunidades autónomas elaboraron protocolos para el triaje de los pacientes, y el de Madrid se filtró a la prensa. En este se indicaba que no se trasladasen a los hospitales a los ancianos enfermos con un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo, o sea casi todos. Muchos de ellos murieron en las residencias sin que sus familiares pudieran siquiera despedirse.

Lo cierto es que, con protocolos oficiales o sin ellos, esto sucedió en toda España en un momento crítico en el que los hospitales no daban abasto. Según datos del Imserso, durante los tres años de pandemia 34.571 ancianos fallecieron en residencias, 20.000 solo en 2020. Todas las comunidades optaron por limitar su ingreso en los hospitales para no saturar aún más las plantas Covid dejando a nuestros mayores abandonados a su suerte y demostrando que la atención geriátrica es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro Estado de derecho.

El caso catalán del que nadie habla

En Cataluña, por ejemplo, hubo denuncias similares a las de la Comunidad de Madrid. Solo hay que ver la prensa de aquellos días: «Cataluña se resiste a derivar a ancianos contagiados de coronavirus a hospitales» (El Mundo, abril de 2020), «Una residencia catalana a los familiares: “Salud se ha negado a derivar casos al hospital”» (El País, junio 2020). En la primera ola, 5.411 ancianos fallecieron en las residencias de la que fuera república catalana durante siete segundos, dos mil menos que Madrid que tiene una densidad de población casi cuatro veces mayor.

Entonces, si este desastre se produjo en más lugares, por no decir en toda España, ¿a qué viene el acoso y derribo solo contra Madrid? Obvio: Ayuso, como Cartago, debe ser destruida. Y para eso está Televisión Española, en el que posiblemente sea uno de sus usos más descaradamente partidistas de los últimos años. Ah, aquellos viernes negros a los que tanto indignaba la manipulación de la televisión de Rajoy, ¿dónde estarán ahora?

7291, el documental

Demostrando que eso del servicio público significa realmente embestir como un miura contra los rivales de Pedro Sánchez, Televisión Española emitió, en dos de sus tres canales y en horario de máxima audiencia, 7291, un documental de Juanjo Castro sobre los fallecimientos en las residencias madrileñas. Y porque aún nadie ha hecho la película Ayuso la mataviejos, que si no la habrían puesto también.

A falta de ese film que podría dirigir Pedro Almodóvar con su habitual pericia y neutralidad ideológica, 7291 es un trabajo de factura modesta pero digno que refleja bien el terror vivido en las residencias, dando voz a los implicados y proclamando un mensaje sobre la necesidad de mejorar la atención geriátrica con el que hay que ser muy Hitler para no estar de acuerdo. Pero acaba comulgando con las tesis de la comisión ciudadana que entrevistó a los familiares para llegar a la conclusión de que el gobierno autonómico fue el responsable de aquellos decesos, obviando el caos que se vivía en aquellos primeros momentos y que probablemente tampoco habrían sobrevivido en los hospitales.

La comisión de los independientes que odian a Ayuso

Que la comisión ciudadana llegara a estas conclusiones tampoco sorprende mucho. Porque esa comisión se hizo para llegar a esas conclusiones. Por algo estaba formada por expertos independientes de reconocido prestigio vinculados a partidos y movimientos de izquierda tan neutrales que habrían colgado a Isabel Díaz Ayuso por los tobillos si pudieran. Una prueba del sesgo del documental es que solo menciona de refilón que la Comunidad de Madrid ha ganado hasta el momento todas las demandas, más de sesenta, que por algo será. También se trata a Alberto Reyero, el concejal que filtró los protocolos, de tal forma que parece salido de una película de Frank Capra, sin mencionar las luchas políticas entre Ciudadanos y el Partido Popular, entonces socios de gobierno a la gresca, que están en el origen de la filtración del protocolo y sus borradores.

Juanjo Castro se queja de que le critican sin ver su trabajo. Pues eso no lo podrá decir de nosotros, aunque seguramente no esté de acuerdo con nuestro análisis: 7291 es un documental de tesis, legítimo pero rociado de propaganda antiayusista aunque su director no quiera reconocerlo. Y por eso Sánchez nos lo metió con calzador en la tele pública que pagamos todos.

Xabier Fortes no puede faltar

Por si no estaba ya claro, el fiel Xabier Fortes presentó antes de la emisión de 7291, a modo de aperitivo, un programa especial en el que participó la ministra de Sanidad de ahora y principal oponente de Ayuso entonces en la Asamblea de Madrid, la médico y madre Mónica García. La presidenta madrileña, que se olió la tostada a la legua, contraatacó como pudo, aunque con algunos años de retraso, dando otra cifra de fallecidos en las residencias (4100). También intentó que TVE emitiera un vídeo con su versión, crítico con la gestión del gobierno. Evidentemente, no le hicieron ni caso, que Ayuso podrá mandar en Telemadrid, pero en Televisión Española manda Sánchez. Aquí que cada perro se lama su pija, o sea, su tele pública.

La presidenta se tuvo que conformar con que Fortes reconociera al menos que la frase que la izquierda lleva años atribuyéndole («se iban a morir igual») no fue pronunciada jamás, aunque el PSOE de Madrid parece que no se enteró: «Ni todos los bots de la fachosfera podrán tapar la verdad. 7291 personas que no se iban a morir igual, señora Isabel Díaz Ayuso», tuitearon aquella misma noche.

La audiencia habla y la prensa progre se emociona

Sea por interés, por morbo, porque la izquierda se sentó en masa delante de la tele o por la propaganda gratis que le hizo Ayuso, 7291 sumó casi 1.300.000 espectadores, un 15% de audiencia entre los dos canales en los que se emitió. La 2 no había tenido tanto éxito ni con todos sus documentales de animales juntos. La prensa progre se emocionó y los verbos triunfar y arrasar se repitieron de una cabecera a otra imaginando el fin inminente de la presidenta de Madrid, a la que ya veían acorralada como Mazón.

Luego sacará otra mayoría absoluta y llorarán por los rincones preguntándose qué ha pasado. Y es que a la gente de izquierdas siempre le ha costado entender que existe vida más allá. Para ellos el mundo se divide entre los buenos y los bots de la fachosfera que diría el PSOE. Seremos bots, quién sabe, pero unos cuantos sí distinguimos una cacería política cuando la vemos y no nos fiaríamos de este relato tan sesgado ni aunque la SER presentara pruebas irrefutables de que Ayuso creó el Covid en el piso ilegal de su novio delincuente confeso y Bob Pop clamara contra esta ignominia fascista con sus mejores gafas de colores.